Gestionar el Patrimonio: hacia una democracia participativa

 ¡Hola! Hoy en ViviendoPatrimonio volveré a retomar el tema de la gestión del patrimonio cultural. No me olvido de la promesa aún pendiente de escribir sobre las directrices de la Convención y su vinculación con el desarrollo social pero antes me gustaría reflexionar sobre los temas mencionados ya que resulta imprescindible que sean las propias comunidades, grupos e individuos quienes decidan cuáles son los bienes que les representan y puedan lograr desde el inicio una gestión participativa que llevará indefectiblemente a la revitalización de sus identidades, la cohesión grupal/comunitaria y a lograr la apropiación de esos bienes, sean materiales o inmateriales.

1. Patrimonio, ¿Para qué y para quién?

Este artículo surgió a raíz de algunas gestiones patrimoniales que se han hecho y se están haciendo en la actualidad en mi localidad. Hace poco supe, casi por casualidad, que la Fiesta del Inmigrante de Coronel Pringles está inscripta en la lista de patrimonio inmaterial de la Provincia de Buenos Aires. Esto fue hace algunos años ya, y en esta inscripción no hubo participación alguna de la sociedad. Este elemento fue seleccionado como representativo desde el poder local y esa decisión fue “suficiente” para considerarse patrimonial. 



Actualmente, y refiriéndonos al patrimonio construido se realizan gestiones desde el Municipio para la restauración y la puesta en valor de la obra de Francisco Salamone, en la que también ha intervenido e interviene la Comisión Nacional de Monumentos. Sin embargo, en este caso la participación de comunidades, grupos e individuos también es nula.
Desde el Municipio se señalan a estas obras como “símbolos de la ciudad y de todos” y desde la verticalidad nos las presentan a los ciudadanos como “nuestro” patrimonio, generando halos de sacralización tan propios de las políticas monumentalistas.



Por otro lado y en contraste, las iniciativas y acciones llevadas a cabo por distintos grupos  sociales para poner en valor algunos bienes rurales considerados por esos grupos como patrimonio, pasan desapercibidas o son apoyadas según el interés del gobierno de turno, dejando en evidencia la falta de políticas públicas que acompañen, alienten, resguarden este tipo de iniciativas más allá de los gustos personales de políticos y técnicos culturales.



Esta situación desordenada y vaciada de estrategia desde el ámbito público me llevó a reflexionar sobre algunos interrogantes sobre la gestión patrimonial:

¿Patrimonio para qué y para quién? ¿Qué criterios se están utilizando desde el poder local para determinar qué es y que no es patrimonio? ¿Cuáles son los métodos de aplicación? ¿Quiénes son los que seleccionan los bienes patrimoniales representativos de “todos”? y ¿Quiénes son todos? ¿Se están considerando otras diversidades de expresiones y dimensiones que anudan y vinculan a los elementos seleccionados desde lo institucional? ¿Qué comunidades están quedando silenciadas y por fuera? ¿Qué capacidad tenemos como ciudadanos de apropiarnos de lo patrimonial cuando no se nos informa sobre la gestión, cuando no hay transparencia, cuando la participación ciudadana es inexistente y por lo tanto las gestiones carecen de transversalidad?  

A medida que surgen las preguntas crece también la angustia y la necesidad de generar respuesta ante lo institucional local que enmarcado en una propaganda de “buenas intenciones” continúa sosteniendo la gestión patrimonial decimonónica, construyendo identidades sociales desde arriba, creando significados que se retroalimentan y reproducen en sus discursos y que verticalmente bajan a la sociedad que acepta esos símbolos que ahora les representan. Suena arcaico, paternalista y hasta oximorónico frente a las tendencias actuales cada vez más fuertes de gestión participativa y comunitaria que se promueven desde diferentes organizaciones sociales de base comunitaria y desde organizaciones como IberculturaViva, por nombrar algunas de ellas, que fomentan y acompañan este tipo de iniciativas.

Pero, lamentablemente, en muchas ciudades del interior, aún existen estos verticalismos (un eufemismo de cortesía por no llamarlos autoritarismos culturales) en la gestión patrimonial que conciben el patrimonio muy básicamente bajo el concepto de acervo, es decir, los bienes por su valor intrínseco, desconociendo el carácter de constructo social del patrimonio (Rosas Mantecón, 1998; García Canclini, 1999; Prats 2000) e invisibilizando las disputas y desigualdades que hay en su construcción y apropiación.

El patrimonio no ha estado (ni está) exento del juego de intereses ni libre de intentos de dominación de un sector sobre otro al imponer un sistema de valores y una visión unilateral de la historia. Citando a García Canclini (1998 en Delgado, s/f):

"Cada grupo hegemónico establece como patrimonio [...] en cada época una selección de bienes, de próceres, de tradiciones. Los combina y los pone en escena según los objetivos de las fuerzas que disputan el poder. Así se han dado políticas desiguales respecto de las culturas étnicas y criollas, de los barrios nobles y populares, de las artes y de las artesanías".

 

2. La participación ciudadana

Abrir el diálogo del binomio “patrimonio-comunidad” podría ser una medida inicial para evitar la imposición hegemónica por parte de los gobiernos locales de símbolos patrimoniales y referentes identitarios en los que sólo se contempla lo monumental sacralizado despojándolo de todo proceso vivo de construcciones de sentidos, significados y apropiaciones diversas por parte de las comunidades y grupos.

Aun cuando es innegable la valoración positiva, por ejemplo de la obra de Salamone, una mirada más atenta nos muestra que no incluye todo el patrimonio y que los bienes continúan jerarquizándose privilegiando lo histórico arquitectónico frente a las dimensiones inmateriales, lo monumental frente a lo popular y a lo tradicional rural, desvalorizando e incluso silenciando referentes de la vida cotidiana que podrían ser decisivos para la construcción de una identidad común, o al menos, más consensuada.

La participación ciudadana ha demostrado que garantiza la identificación y la apropiación de los elementos patrimoniales ya que los grupos y comunidades expresan diferentes recreaciones, significados y valores simbólicos que les representan al ser protagonistas de las  de acciones de promoción cultural. Este hecho no es inocente, genera conciencia común para la conservación del patrimonio (en el caso de los bienes materiales) y fomenta los procesos de  reproducción cultural, revitalizando la memoria colectiva como dimensión inmaterial ligada a esos bienes. Por otro lado, el acceso al patrimonio y a la información pública sobre las gestiones patrimoniales sumadas a la participación de la ciudadanía, entran en el ámbito de los derechos culturales, es decir, el acceso a la cultura en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

Esta transversalidad que como menciona García Canclini (1992 en Delgado, s/f), lleva de una Democracia Cultural a una Democracia Participativa, donde “la acción se enfoca más en el proceso que en el consumo de los productos culturales, a partir de acciones sistemáticas que buscan intervenir en las causas estructurales de la desigualdad económica, social y cultural, mediante la formación de capacidades y acciones positivas en el aparato institucional y la ciudadanía para relacionarse con los bienes culturales (no sólo los producidos por la culturas de élite), mediante la difusión, crítica y análisis, propiciando así la coexistencia de múltiples culturas en relaciones equitativas”.

De aquí la importancia de diseñar políticas culturales encaminadas a propiciar la participación ciudadana en la selección, construcción, conservación y difusión de los bienes patrimoniales. Las prácticas y métodos participativos deben procurar construir alternativas que integren y representen una gran mayoría de grupos sociales. Paño Yañez (2012), destaca como claves fundamentales la implicación no sólo de políticos y técnicos sino también de los ciudadanos con sus aportaciones, ideas, conocimientos y construcción conjunta.

Es claro que las políticas públicas presentan un gran desafío para los técnicos culturales quienes deben lograr un diálogo efectivo entre los diversos grupos sociales presentes en el territorio. Sin participación ciudadana en los procesos de patrimonialización resulta imposible la apropiación de comunidades y grupos de los bienes en cuestión y por lo tanto, imposibilita su capacidad de identificarse con el patrimonio, de habitarlo y de disfrutar de ese universo simbólico.

En este sentido, para que el patrimonio opere como referente identitario de un grupo es imprescindible “la implementación de acciones concretas y sostenidas de participación, información y formación ciudadanas que establezcan o refuercen el diálogo patrimonio-comunidad, alejándolo de la sacralización y desde una visión plural e integradora de la diversidad cultural.” (Delgado, S/f).

Es necesario que los poderes públicos locales comprendan que los ciudadanos están directamente afectados por la gestión de ese patrimonio y es por esto mismo que las instituciones que lo gestionan deben dar la correcta cabida para la participación en las decisiones y actuaciones. Implicar a la ciudadanía, brindar información y formación sobre la temática patrimonial, transparentar las acciones llevadas a cabo desde lo institucional, fomentar la participación y definirla se vuelven cada vez más necesarias para despojar al patrimonio de su halo sacro y construirlo como referente identitario reconstruyendo lazos con la comunidad para que puedan reconocerse todos los grupos sociales, generando conciencia social de conservación, difusión y de transmisión, propiciando el diálogo y la coexistencia de diversos grupos y comunidades que se relacionan en un mismo territorio con esos bienes patrimoniales.  

3. Un cierre abriente

 En este post pretendí visibilizar gestiones que por desconocimiento, falta de recursos y formación en la temática, o en el peor de los casos, falta de voluntad política, abordan la gestión patrimonial desde la verticalidad sin generar una planificación y diseño de políticas públicas participativas encaminadas a tratar el patrimonio de forma integral, sustentable y sostenible en el tiempo con independencia de cada poder de turno.

En este sentido, coincido con lo que señala Delgado (s/f) que se podrían tomar medidas que rompan el aislamiento entre los tomadores de decisiones e integrar en el tratamiento patrimonial a equipos multidisciplinarios que propongan nuevas estructuras teóricas, métodos de investigación y modos de práctica, trabajando en un contexto de aplicación; ampliar el acervo patrimonial incorporando otros bienes que permitan el reconocimiento de diferentes grupos sociales y la reconstrucción de lazos comunitarios; implementar políticas culturales activas que fortalezcan el diálogo patrimonio-identidad; y abordar los proyectos para que generan desde el inicio información y formación ciudadana consolidando un marco cooperación e intercambio de saberes con la propia comunidad, ya que el patrimonio no puede ser valorado, cuidado, apropiado ni habitado sin democratización.

En la próxima entrada cumpliré mi promesa, pero por ahora me despido y como siempre, nos volvemos a encontrar en ViviendoPatrimonio.

¡Hasta pronto!

Lhur

 

REFERENCIAS

Delgado, A. O. (s/f). El patrimonio como recurso territorial para el desarrollo. Oportunidad y Desafío.

García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del patrimonio cultural. En: Aguilar Criado, E. (Coord.). Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. (Pp. 16- 33). Granada: Consejería de cultura, Junta de Andalucía.

Paño Yañez, P. (2012). Gestión del patrimonio cultural y participación ciudadana. Presupuestos participativos como ejemplo de decisión y gestión compartida del patrimonio cultural entre instituciones públicas y ciudadanía. Treballs d’Arqueologia, 2012, núm. 18, p. 99-123. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/tda/tda_a2012n18/tda_a2012n18p99.pdf

Prats, L. (2000). El concepto de Patrimonio Cultural. Cuadernos de Antropología Social. (11), 115-135.

Rosas Mantecón, A. (1998). Presentación. Alteridades, (16), 3- 9. Disponible en: http://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/470/469

 Rosas Mantecón, A. (2000). La monumentalización del patrimonio: políticas de conservación y representaciones del espacio en el centro histórico. Cuadernos de Antropología Social, 11. Disponible en: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4711

 

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